El grupo municipal Ganemos Albacete ha presentado esta mañana una de las dos mociones que llevará al Pleno de este mes de enero y con la que se pretende mostrar el apoyo a “los cinco del Buero”, las cinco personas procesadas, cuatro de ellas docentes, por participar en una protesta pública pacífica en Guadalajara en defensa de la educación pública.

En la moción se solicita del Pleno que el Ayuntamiento de Albacete se dirija  a todas las instancias implicadas para que se retiren los cargos contra las personas imputadas, por entender que la petición de la acusación particular de pedir hasta cuatro años de cárcel, es a todas luces exagerada y desproporcionada.

La portavoz municipal de Ganemos Albacete, Victoria Delicado, ha explicado que los hechos se remontan a septiembre de 2011, cuando se iniciaron los recortes a la Educación Pública por parte de Cospedal y que supusieron, entre otras cosas, el fin de muchos refuerzos, desdobles y apoyos para el alumnado de la escuela pública; el aumento de las ratios en las aulas; el aumento de las horas lectivas para el profesorado y el desplazamiento de miles de estos; así como el despido de 800 profesores y profesoras.

Como consecuencia del inicio de estas políticas, cientos de docentes se dieron cita espontáneamente frente a los Servicios Periféricos de Educación en la ciudad de Guadalajara, y desde allí se dirigieron pacíficamente hacia el Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de las fiestas que fue interrumpido por la entrada de los manifestantes como antes lo habían interrumpido otros colectivos con sus reivindicaciones laborales.

Se trató, básicamente, de una protesta pacífica. Sin embargo, días después, el Ayuntamiento de Guadalajara, con los únicos votos del Partido Popular, pidió “la identificación y el castigo” para las personas culpables de tales hechos. Cuatro profesores y un activista social fueron identificados por procedimientos poco claros y procesados. Y aunque la fiscalía no vio en su momento, ni ve actualmente razones para imputar delito alguno, lo cierto es que hoy en día estas personas se ven abocados a un juicio penal, donde la acusación particular, en representación de cuatro de todos los policías locales presentes en el teatro, les pide cuatro años de cárcel y fuertes multas, en un juicio que cada vez parece que tiene más de político (criminalizar la protesta social).